El incremento de la delincuencia juvenil reabre la discusión sobre la edad de imputabilidad

Los números no mienten. Desde 2021, cuando entró en vigencia la reforma a la Ley Penal Juvenil, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales viene analizando con datos estadísticos la evolución del fenómeno de la delincuencia juvenil. Actualmente se están elaborando y analizando los correspondientes al primer semestre de este año, por lo cual aún no han sido publicados. Las cifras disponibles son del año pasado.

La comparación interanual del primer semestre 2021 con el mismo período del 2022 arrojó como resultado la duplicación de menores vinculados al sistema penal en la ciudad de Córdoba. Mientras en la Provincia las cifras se mantuvieron, en la Capital pasaron de 198 a 404 adolescentes punibles (de 16 y 17 años) y no punibles (menores de 16 años).

El diagnóstico se completa con los siguientes datos: hubo menos privaciones de la libertad, las que se dictaron duran menos, hay más remisiones a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), hay más adolescentes menores de 16 años involucrados en delitos, un tercio no estudia y la mitad no trabaja (a esa edad los chicos deberían estar en la escuela).

Los delitos más preponderantes en esta franja etaria son los robos. Y entre los operadores judiciales hay preocupación por la deserción escolar, el avance de delitos contra la integridad sexual propiciados por el alto consumo de alcohol y la gran exposición a redes sociales que coloca en riesgo a niños y adolescentes.

¿Cuál es la respuesta a esta problemática? ¿Hay que bajar la edad de imputabilidad para que los adolescentes desde los 14 años –la edad que más consenso tiene entre los impulsores de la iniciativa– puedan ser imputados, juzgados y condenados? ¿Eso resolverá la inseguridad? ¿Es posible si Argentina adhirió a convenios y tratados internacionales que impiden la regresividad?

PERFIL CÓRDOBA consultó a dos magistradas que instan, dictaminan o resuelven casos penales en los que están involucrados adolescentes.

Nora Giraudo es jueza penal juvenil. Está a favor de bajar la edad de imputabilidad y explica que si hay un delito debe aplicarse el Código Penal sin importar la edad. Aclara que no es con fines punitivos, sino para alcanzar decisiones igualitarias y justas, también para las víctimas.

En tanto, Soledad Carolino es fiscal penal juvenil. Está en contra de una reforma que disminuya la edad porque considera que la solución a la delincuencia no está en excluir a los jóvenes, mandándolos a prisión, sino en intervenir decididamente en ellos –para que se responsabilicen del daño cometido– y en sus contextos, para garantizarles derechos que asegurarán que salgan del delito.

Asumiendo una u otra posición, la solución no está en el Código Penal. La cárcel como sanción, pero sobre todo como espacio de resocialización, debería serlo aún más para los adolescentes cuya personalidad está en formación. Los programas de intervención desde Senaf también.

En off, prácticamente todos los abogados que actúan en el área penal juvenil admiten que hay una enorme deuda con las infancias vulneradas en la provincia de Córdoba. Que el Complejo Esperanza no es lo que debería ser y que no existen todos los centros y programas educativos que se necesitarían para una intervención eficaz.

Ese es el enorme desafío que le espera a la próxima gestión del gobierno provincial de Martín Llaryora. Las políticas públicas en esta área constituyen una de las bases para afrontar la ola de inseguridad que parece imparable, en un contexto social con más niños pobres y excluidos del sistema.

EN CONTRA

SOLEDAD CARLINO, FISCAL PENAL JUVENIL: “Está probado que bajar la edad de imputabilidad no disminuye el delito”

—Teniendo en cuenta el contexto actual, ¿sigue creyendo que no es oportuno bajar la edad de imputabilidad?

—Es necesaria una modificación en la Ley Nacional Penal Juvenil. La vigente es antigua, quedó desactualizada en muchos aspectos y necesita una reforma integral. Pero no comparto que esa modificación incluya una baja en la edad de imputabilidad, pensada como una solución para la inseguridad y disminución de la delincuencia adolescente. Está probado que bajar la edad de imputabilidad no reduce el índice delictivo. La mayor punición no es disuasiva de esos comportamientos, ni siquiera en los adultos. La pena de prisión genera exclusión, reproduce la violencia y funciona como un mecanismo que excluye, por la prisión. Cuando un adolescente comete un delito han fallado todos los mecanismos de control. Desde la familia, la escuela y la iglesia, hasta el club del barrio. El sistema penal es la consecuencia última. Hay que trabajar antes.

—¿Qué respuesta se da a las víctimas si no hay un proceso penal, porque son adolescentes no punibles?

—El hecho de bajar la edad de imputabilidad no genere una baja del delito, no significa impunidad. Hay una forma de trabajar con adolescentes punibles y no punibles que busca generar responsabilización. La neurociencia y la Justicia Restaurativa procuran generar conciencia del daño causado y procesos reflexivos. Si se roba un teléfono celular, se trabaja para que racionalice cuánto le salió a la víctima comprarlo y si es posible hay que lograr que lo restituya al damnificado para reparar el daño. Tuvimos varios casos de chicos que tomaron un taxi y no pagaron el viaje. Los hemos contactado a ellos y sus familias para que abonen el monto, que hagan el esfuerzo. En amenazas de bomba en las escuelas en días de evaluación, se hizo una capacitación en el departamento de Bomberos para que ellos vean la movilización de recursos que genera una amenaza. Es una manera de trabajar para generar conciencia del daño, procesos reflexivos que culminan reparando a las víctimas y conectar con la responsabilización.

—Eso implica una estructura estatal para intervenir, ¿la tenemos?

—No hay posibilidad de que funcione sólo desde el Poder Judicial. La conexión con las ONG y el resto de organizaciones del Estado o privadas, como escuelas, clubes e iglesias, tiene un papel clave para lograr la reincorporación a la sociedad de los adolescentes que cometen delito, sin necesidad de que vayan a prisión. Tenemos la estructura. Se trabaja en fortalecer la red, el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, la Senaf y las instituciones intermedias, que están cerca de los centros de vida de los chicos que cometen delito. Si no están, el chico está más cerca de consumos problemáticos, fuera de la escuela y eso lo lleva al delito.

—¿No cree que tenemos una sociedad rota y la tarea que describe es demasiado difícil?

—El tejido social está lastimado. Hay que reconstruirlo. La situación económica atenta contra esto porque no genera oportunidades de trabajo. Es preocupante el nivel de deserción escolar que tenemos, que se traduce rápidamente en el inicio de infracciones penales.

—Esta semana se difundió el caso de un adolescente detenido por sexta vez en el año. ¿Cómo evitar la reincidencia? ¿Cómo poner límites? La Policía se queja de la ‘puerta giratoria’ para los adolescentes, porque los detienen y al día siguiente están afuera.

—La reiterancia es preocupante. No podemos dejar de dar respuesta a la sociedad por la edad que tienen. Pero la forma de trabajar efectiva no es la privación de libertad, sino fortalecer la red de contención inmediata y mediata. Cuando un chico es captado por el sistema penal juvenil, todo el sistema de protección de derechos, a la educación, a una vida digna, a la alimentación, falló. En vez de generar mecanismos de exclusión, como la privación de la libertad, hay que aplicar la lógica inversa, fortalecer sus derechos para evitar la vulnerabilidad. En el mapa delictivo nacional y de Córdoba, la mayor cantidad de delitos obedecen a necesidades básicas insatisfechas. No hay agresiones masivas en escuelas, terrorismo, como en otros países. En la medida en que se trabaje sobre los derechos vulnerados, bajará la reiterancia.

—Los adolescentes saben que la ley es más benigna con ellos. ¿Eso no promueve la incursión en el delito?

—Cuando se habla de adolescentes infractores a la ley penal, como en todo delito, hay falta de empatía. Por eso avanzan sobre los bienes de los demás. En la adolescencia hay una subjetividad en construcción. Desafiar los límites y no medir las consecuencias mediatas de los actos, son características propias de esa etapa vital. Sobre los límites se debe educar, construir. Es un proceso de crecimiento. Por eso hablamos de reinserción. Los mecanismos que generan represión, el punitivismo, no apoyan esa tarea. Al contrario, la desalientan.

A FAVOR

NORA GIRAUDO, JUEZA PENAL JUVENIL “Si se comete un delito, tengan 10, 12 o 70 años, debe activarse el sistema penal”

—¿Está de acuerdo en que baje la edad de imputabilidad de los menores?

—Estoy de acuerdo en que se contemple la situación de los adolescentes, sobre todo cuando se ven involucrados en delitos graves. Desde hace más de 20 años que se han presentado proyectos de reforma contemplando esta situación. Hoy, el Código Civil establece que a partir de los 13 años la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Siempre que haya un delito existe la obligación de investigar.

—¿Cuál sería la razón para disminuir la edad?

—El tema es muy complejo porque hay diversos intereses en juego, los del joven transgresor, las víctimas y la sociedad toda para que se descubra la verdad. Hay una parte de la doctrina que no quiere que se intervenga cuando los menores delinquen y que sólo sean abordados desde lo tutelar protectorio, la mediación y la Justicia Restaurativa. Se sostiene que sólo a partir de los 16 años de edad se les puede aplicar el Régimen Penal Juvenil, que es en esencia protectorio - reeducativo - garantista a fin de evitar la sanción de los NN y A. Desde 1954, con la ley 14.394 y la ley 22.278, se contemplan múltiples beneficios a partir de una investigación, de la comprobación del delito denunciado. Además, se requieren informes y peritación conducentes al estudio de la personalidad del joven y las condiciones socio - familiares a fin de poder determinar cuáles son las medidas más adecuadas para lograr su resocialización en el menor tiempo posible y que sea un ciudadano útil para su comunidad. El especialista Gerardo Pettigiani dice que la no punibilidad no opera de modo automático. Si un menor de 16 comete un delito, no corresponde derivarlo al sistema tutelar, que es la Senaf, la autoridad de aplicación del sistema de promoción y protección integral de los derechos de NN y A.

—Desde su perspectiva, ¿qué debería hacerse en casos de delitos graves como homicidios o robos con armas cometidos por menores de 16 años?

—Si se comete un delito, tengan 10, 12 o 70 años, lo que se activa es el sistema penal. Hay una ley que protege a las víctimas, entre los muchos tratados internacionales de derechos humanos que reconoce nuestro país. No está solo el derecho de los menores que se encuentran sometidos a un procedimiento penal juvenil. Las víctimas tienen derecho, aunque sea de modo simbólico, a que se descubra la verdad y la Justicia lo deje establecido. Luego de la comprobación del delito y de los estudios de las condiciones personales y familiares, deben establecerse reglas de conducta y condiciones. Una parte de la Senaf, que es la Subsecretaría de NNA en conflicto con la ley penal, es el organismo específico para abordar este tipo de problemática

—¿No cree que el adolescente que ingresa al delito también tiene sus derechos vulnerados?

—En la mayoría de los casos, la educación, su salud por la droga, pero cuando llegan al delito, Luigi Ferrajoli reconoce que el no actuar puede llevar a consecuencias más perjudiciales que el procedimiento penal juvenil a aplicar. Debe quedar claro que, ante una víctima que denuncia y un joven vulnerable que cometió delito, el sistema penal juvenil es el último eslabón para tratar de proteger los derechos de ambos. Muchas veces las víctimas de los menores son pares. Por eso, los derechos son bilaterales. No hay derechos absolutos. Siempre digo que hicieron falta dos guerras mundiales para que en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos estableciera que los hombres, como están dotados de razón y conciencia, tienen la obligación de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Eso nos abarca a todos, sin distinción de edad, género ni raza.

— ¿Cómo se podrían salvar los impedimentos constitucionales para bajar la edad de imputabilidad?

—Existe un problema legislativo pero los compromisos internacionales son bilaterales, respecto de las víctimas como de los niños. Se trata de lograr una armonización. La Observación 24 del Comité de los Derechos de los Niños contempla que ningún caso podrá ser debajo de los 14 años la edad de imputabilidad. Había otra anterior que contemplaba los 12 años. Si bien hay un principio de no regresividad la ley lo está contemplando. Reitero: no es para reprimir sino para regular de modo igualitario y superar la discrecionalidad de la interpretación de cada juez que debe intervenir la aplicación de la ley en estos casos.

—¿Por qué deberían se imputables a partir de los 14 años?

—Para el Derecho Civil, los actos ilícitos se reputan ejecutados con discernimiento, intención y libertad a partir de los 10 años. A partir de los 13 años, se regula la capacidad como adolescentes y es progresiva. En el Derecho Penal, creo que la observación 24 permite la imputabilidad a partir de los 14 años. En América Latina, sólo Cuba y Argentina la mantienen a partir de los 16. Hace falta un diálogo urgente con todos los interesados en el tema y que a la ley que se dicte se la dote de los recursos suficientes para que no sea solo una expresión de deseos.